Protestas y bloqueo de rutas en Jujuy, sectores sociales rechazan reforma constitucional

Los organismos de derechos humanos han denunciado que la nueva Constitución no ha sido consultada con la ciudadanía, que criminaliza el derecho a la protesta e ignora la voz de los pueblos indígenas de la región frente al uso de las tierras que habitan en una zona del país que es centro de la explotación minera y del litio.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es cuestionado por la inclusión de dos artículos de la nueva Constitución que se conocieron cuando el proyecto salió a la luz a mediados de junio.

El primero cambia el derecho a la manifestación consagrado en la constitución original de la provincia “sin permiso previo” por el derecho “a la paz social y la convivencia democrática” que prohíbe los cortes de calles, rutas y “toda perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”. Protestar en Jujuy a partir de este martes será solo posible siguiendo una reglamentación aún por definir.

Morales enfrentaba las manifestaciones de un sector de los docentes que exigen una actualización salarial para ganar más que la canasta básica, mientras la inflación anual alcanza el 114%. La semana pasada, mientras trabajadores estatales y otras organizaciones sociales se sumaban al paro indeterminado de los maestros, el gobernador amenazo con un decreto que criminalizaba sus protestas.

Una carta firmada este lunes por 15 organizaciones de derechos humanos advierte de que la reforma “resulta incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos a ellos referidos” y viola los tratados internacionales (respaldados por la Constitución nacional) que exigen al Gobierno asegurar su participación.

En una conferencia el pasado lunes, el gobernador afirmó que este artículo sería retirado. “Tienen dudas, es legítimo y los entiendo, por eso paramos la pelota y volvemos para atrás”, dijo.